Universalizar y mejorar la protección social es un desafío que hoy recorre el debate político y académico, ocupa titulares de prensa y ronda como urgencia en la conciencia de latinoamericanos y caribeños. Son muchos y muchas quienes en la región se sienten sacudidos por incertidumbres respecto del futuro laboral, la atención de la salud, la cobertura de la seguridad social y la disponibilidad de ingresos familiares.
Es fundamental contar con organismos del Estado competentes, tanto en términos técnicos como en lo político, a fin de que los derechos sean más exigibles, es decir que se garantice la existencia de mecanismos jurídicos y de política pública para que las personas puedan exigir la titularidad de sus derechos. Y también es importante que la universalidad de los derechos sociales sea interiorizada por los distintos actores que participan del mundo del trabajo, de la educación, de la salud, de los poderes centrales y descentralizados del Estado, a fin de que tanto las prácticas cotidianas como las decisiones de política se proyecten en el horizonte de una sociedad centrada en los derechos.
Al respecto, los países latinoamericanos han vivido largos episodios autoritarios, caracterizados por restricciones fuertes de derechos políticos y civiles, que se han prolongado hasta hace poco tiempo; también tienen una historia reciente en que, como se verá más adelante, no ha habido una plena aplicación e institucionalización de los derechos sociales.
Al mismo tiempo, es indispensable conjugar la voluntad de concertar un pacto social con la evaluación de las restricciones financieras y las formas de superarlas mediante distintos mecanismos de política.
Es importante, por lo tanto, que el desarrollo centrado en derechos movilice a la sociedad y al Estado tras la generación de mayores recursos financieros, y que el uso de los recursos adicionales que permite el crecimiento económico se vincule a esta perspectiva de desarrollo.
Es fundamental contar con organismos del Estado competentes, tanto en términos técnicos como en lo político, a fin de que los derechos sean más exigibles, es decir que se garantice la existencia de mecanismos jurídicos y de política pública para que las personas puedan exigir la titularidad de sus derechos. Y también es importante que la universalidad de los derechos sociales sea interiorizada por los distintos actores que participan del mundo del trabajo, de la educación, de la salud, de los poderes centrales y descentralizados del Estado, a fin de que tanto las prácticas cotidianas como las decisiones de política se proyecten en el horizonte de una sociedad centrada en los derechos.
Al respecto, los países latinoamericanos han vivido largos episodios autoritarios, caracterizados por restricciones fuertes de derechos políticos y civiles, que se han prolongado hasta hace poco tiempo; también tienen una historia reciente en que, como se verá más adelante, no ha habido una plena aplicación e institucionalización de los derechos sociales.
Al mismo tiempo, es indispensable conjugar la voluntad de concertar un pacto social con la evaluación de las restricciones financieras y las formas de superarlas mediante distintos mecanismos de política.
Es importante, por lo tanto, que el desarrollo centrado en derechos movilice a la sociedad y al Estado tras la generación de mayores recursos financieros, y que el uso de los recursos adicionales que permite el crecimiento económico se vincule a esta perspectiva de desarrollo.
